En 2011, los dos grandes partidos políticos, el
PSOE y el PP, aprobaron, con nocturnidad y alevosía, la reforma
del artículo 135 de la Constitución, destinada a garantizar por la vía
constitucional la prioridad absoluta del pago de la deuda pública sobre cualquier otra cuestión, ya sea en detrimento del pueblo relegado al único papel de pagador, o en detrimento de la soberanía de un país ahora entregado a los mercados.
Fue una
aprobación rápida, sin realizar consultas a la
ciudadanía y de una manera que
impidió el debate social y parlamentario sobre la supuesta bondad de la medida. Evidenciaba la victoria de los mercados sobre los pueblos.
Mucho se ha escrito sobre esa indigna reforma, y es que no es baladí su profundo alcance. Al constitucionalizar la estabilidad presupuestaria y dotarla de una ley de
desarrollo tan rígida como la actual, se está cerrando la puerta al establecimiento de políticas económicas
alternativas, que a partir de ese momento serán tildadas de
inconstitucionales. Se consolida un modelo económico salvaje, opresor, déspota y totalitario. Fue sin lugar a dudas una reforma política que venía a consolidar un sistema y una ideología. Nada es casual y todo está programado.
Otro modelo económico es posible, y pasa inexorablemente por asumir con valentía el impago de una deuda ilegitima que ha sido generada con artificios deleznables, acabar con las políticas opresoras de la austeridad, y volver a la senda de la inversión pública. Sólo con estos tres vectores, es posible dar un giro en la gobernanza de la UE produciéndose un transvase de poder desde los mercados hacia los ciudadanos.
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